En el proyecto presentado por el Ejecutivo nacional (específicamente, por la Vicepresidencia de la República) a la Asamblea Nacional, se establece una regulación sobre los “medios electrónicos” (artículo 1). Pero es tan vago el enunciado, que luego dispone la aplicación de la ley a “todo texto, imagen, sonido o contexto” difundido mediante radio o televisión. Cuando en este punto se define el “servicio de Internet”, se hace referencia exclusivamente al ámbito de los proveedores del servicio.

Al incorporar el propósito de censura a Internet, la reforma modifica el artículo 6 para incluir «textos» y «contextos», que ahora entrarían en la clasificación del lenguaje como objeto regulado. La misma operación, cual reiteración mecánica, se introduce para el caso del resto de los elementos de contenidos sometidos a la aplicación de los términos de la ley: sexo, salud y violencia.

Se introduce un cambio en los bloques de horarios (artículo 7), al ampliar en tres horas (una en la mañana y dos en la noche) el llamado «horario todo usuario». Ahora sería de 6:00 am a 9:00 pm. Por otro lado, se reduce a un solo bloque el «horario supervisado» (la ley vigente dice que son dos: de 5:00 am a 7:00 am y de 7:00 pm a 9:00 pm), el cual quedaría comprendido entre 9:00 pm y 12:00 am. Finalmente, el «horario adulto» va a ser de 12:00 am a 6:00 am.

Se establece también en el artículo 7 que 50% de las telenovelas transmitidas en los horarios «todo usuario» y «supervisado» deberá ser producción nacional.

Al final del enunciado de este artículo de la reforma hay un galimatías: “las imágenes o descripciones gráficas de violencia no podrán ser difundidas por los servicios de radio y televisión, una vez haya cesado la inmediatez del suceso”. ¿A qué se refiere esto, a la repetición sucesiva de esos contenidos? ¿Cómo se aplicará esto: censurando técnicamente las imágenes o no divulgando en repetición las noticias que las contienen?

A su vez, el artículo 8 de la reforma es completamente nuevo. Establece las “prohibiciones”: censura absoluta, tanto en medios radioeléctricos como en Internet, sobre cierto tipo de elementos (sexo E, salud D y violencia C) en todos los usuarios. Entonces, ¿para qué están descritos en el artículo 6? Es decir, ¿ni los adultos podrán tener acceso a esos contenidos?

Por lo demás, esta encantadora pieza del proyecto de reforma hace un mezclote de lo establecido en el artículo 57 de la CRBV², de la LOPNNA³ y hasta del Código Penal. Llega al epítome de prohibir expresiones que induzcan al magnicidio, pero no al homicidio. Es decir, sólo importa censurar si a quien se sugiere asesinar es al presidente o algún alto jerarca del Estado. La vida de los demás no es tan importante como para pasar una veda a las comunicaciones que la pongan en riesgo.

Y todo ello, léase bien, también está dispuesto como prohibición en la difusión de mensajes y el acceso a portales en Internet. Para ello, los proveedores de servicios de conexión deben establecer “mecanismos que permitan restringir” esos contenidos, a solicitud de Conatel, que incluso estaría habilitada con procedimientos cautelares.

El penúltimo parágrafo de este artículo es otra joya: los proveedores de servicios de Internet serán los responsables de los contenidos difundidos “en aquellos casos que hayan originado la transmisión, modificado los datos, seleccionado a los destinatarios o no hayan limitado el acceso a los mismos, en atención al requerimiento efectuado por los órganos con competencia en la amteria”. Esto no es otra cosa que ir a contracorriente de la clásica y necesaria división entre el transporte de los datos (carrier) y los contenidos. De estos últimos siempre y todo caso deben ser responsables los usuarios que publican en redes sociales digitales, portales o blogs; y no porque se pretenda proteger de manera privilegiada al operador, sino porque ello ha sido una bandera de libertad y autonomía por parte de los usuarios de Internet. Por otro lado, técnicamente es imposible garantizar este precepto normativo, a menos que se disponga un control absoluto y discriminatorio de los contenidos en las redes telemáticas a las que los usuarios nacionales tienen acceso.

Las comisiones de Programación de Radio y Televisión, instituidas en la Ley Resorte original (2004), reciben una nueva competencia: la asignación directa de programas de Producción Nacional Independiente. Esto lo venía requiriendo Conatel desde hace algunos años, con el fin de intervenir en la libertad de programación (ordenación de espacios dentro de los parámetros de la ley en cuanto a horarios y elementos clasificados) de los servicios de radiodifusión. Ahora se concretaría con la reforma de la ley.

Sorprende mucho que, pese al hecho de que el proyecto asigna a Conatel la potestad de supervisar a los proveedores de servicio en la regulación de los contenidos difundidos vía redes telemáticas, el artículo 20 no incluya competencias en lo referido a Internet; sólo se le asignan los típicos deberes administrativos en referencia a la radio y la televisión. ¿Qué es esto, anomia involuntaria? ¿Una inconsistencia que pasará tras la eventual aprobación de la reforma? Esto es particularmente importante para evidenciar la capciosa prisa, la improvisación y el absurdo de esta iniciativa originada en el poder ejecutivo. Por otra parte, si la ley queda así habrá problemas de jurisdicción, pues Conatel seguirá conservando la capacidad de desarrollar normativa derivada por medio de resoluciones y providencias administrativas.

El artículo 21 contiene otras dos sorpresas que desconciertan. Entre las competencias del Directorio de Responsabilidad Social (órgano de control en materia de contenidos), el numeral 3 le otorga rótulo de legalidad a una operación administrativa contraria a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y a los procedimientos concernientes del ordenamiento jurídico nacional. Se consagra allí el hecho de que Conatel pueda estar adscrito indiferentemente a cualquier órgano del poder público. Ello revela una confesión por parte del Ejecutivo nacional, que ha cambiado la dependencia de Conatel (fijada claramente en la ley marco), agencia gubernamental que ha ido del timbo al tambo en los últimos diez años. El gobierno ha cambiado su adscripción por lo menos cuatro veces en este período, acción totalmente ilegal en cada caso.

El otro detalle increíble del proyecto de reforma es la eliminación, por inconsecuencia e la Administración, del Consejo de Responsabilidad Social. No se sabe si por defectos de edición, en el texto del proyecto se dice que esto ocurre “dado que a la fecha no ha sido creado lo que lo hace inaplicable” (sic).

La modificación del artículo 23 de la ley se restringe a la eliminación del lapso de quince (15) días que los prestados de servicios de radiodifusión tenían para proveer la información y las grabaciones requeridas por el órgano de control. Se supone que a partir de la aprobación del nuevo articulado esas entregas deberán ser inmediatas.

Para el caso de los tributos creados por la Ley Resorte original, el nuevo artículo 25 eleva la contribución parafiscal de 2% a 4%. Pero otra vez aquí aparece una inconsistencia estructural del proyecto de reforma, pues el impuesto sólo pecha a los prestadores de radio y televisión, no a los operadores de Internet.

También se elevan las tasas imputables a los prestadores de servicios por concepto del archivo de Conatel, por cada hora de transmisión grabada y por certificaciones.

En el capítulo de las sanciones, el artículo 29 se modifica para incluir los procedimientos administrativos contra los proveedores de servicios de Internet que incumplan la ley, en algunos casos con el pago de multas de 1% y 2% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior (numeral 2), y hasta 4% (numeral 3). Por supuesto, se les incluye también en la previsión de reincidencias, por las cuales se podrían elevar la multa en 50%.

No es fácil saber por qué, pero en el texto de la reforma de ese artículo, cuando se establece la co-participación de los productores nacionales independientes en las infracciones, se introduce la expresión “solidariamente responsables”.

Junto a la suspensión de hasta 72 horas continuas de transmisión que impone el artículo 29 vigente, la reforma propone castigar con el pago de 10% de los ingresos brutos del operador que cometa cualquiera de las violaciones que ahora se nominan, entre las que está la «inducción del magnicidio».

La fase de evacuación de pruebas en los procedimientos administrativos sancionatorios (artículo 32) ahora tendría un lapso de 15 días (10 días en la ley vigente).

Las medidas cautelares dispuestas en el artículo 33 –que por cierto establecen la censura previa por vía administrativa, aun cuando la Constitución la prohibe– extienden la veda (abstención de difusión) a los servicios de Internet. Por si fuera poco, se instituye con la reforma la figura del desacato a las resoluciones de Conatel, falta que acarrearía la expedita revocación de las licencias otorgadas al prestador de servicios.

Como dispositivo final, el proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión modifica el artículo 35 para extender a 30 días el lapso de la prórroga para la fase de evacuación de pruebas en un procedimiento administrativo sancionatorio, como paso previo a la decisión que habrá de tomar el Directorio de Responsabilidad Social, órgano de control según la ley.

Por Jesús Urbina Serjant

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* Acrónimo de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

¹ La ley fue promulgada originalmente en diciembre de 2004 y reformada por primera vez un año más tarde.

² Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

³ Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (2007).

El acceso a Internet es propiciado por la UIT, que define estándares y reglas de uso en todos los países que aceptan sus orientaciones (Venezuela, entre ellos). Sus acuerdos y resoluciones definen el establecimiento de las redes mundiales de transporte de datos, la coordinación de los satélites, los IDN (Nombres de Dominio Internacionales), la ciber-seguridad, los lenguajes y las aplicaciones de las telecomunicaciones, el ancho de banda, la accesibilidad y la superación de la brecha digital.

Todo ello es sometido a los convenimientos surgidos de un área de trabajo específica de la Unión, el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (ITU-T). El instrumento normativo base de la organización es el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, acta final de la Conferencia de Melbourne (1988)¹, pero los continuos cambios de las plataformas y usos de las TIC han impulsado la aprobación de otros documentos de regulación internacional en esta materia, llamados «Recomendaciones» (ITU-T-Recs). Éstos son los estándares que soportan las operaciones e interconexiones de las redes de telecom. Su validez no es vinculante hasta ser adoptados en las respectivas legislaciones de los países miembros de la organización. Venezuela, hasta la fecha actual, ha incorporado en la trama normativa nacional (la Lotel y sus reglamentos, así como las providencias administrativas del órgano regulador de las telecomunicaciones, Conatel) todas las orientaciones de la UIT.

Esto es particularmente necesario en áreas como: operaciones generales de las redes de transporte, medios y sistemas de transmisión, redes digitales, redes de servicios integrados, esquemas tarifarios, protección contra las interferencias, transmisión de datos sobre redes telefónicas, seguridad de transmisiones y protocolos de Internet, entre otros.

Pues bien, ninguna de estas piezas de la normativa relacionada con la estandarización está referida a la regulación de los contenidos a traves de las redes telemáticas de información y comunicación. Ello quiere decir que la UIT no induce, recomienda o dispone normas para determinar la filtración de mensajes por ninguna razón (uso de lenguaje, tópicos prohibidos, protección de menores, etc.).

De hecho, cuando en la 18ª. Conferencia de Plenipotenciarios 2010 (PP-10) de la Unión surgió el tema de la ciber-seguridad como parte de los acuerdos finales, se desató una polémica entre quienes son partidarios de restringir ese tópico a la esfera de lo estrictamente técnico, y quienes proponían incluir consideraciones relativas a los contenidos por razones de soberanía y seguridad nacional. No hubo acuerdo al respecto, pues la mayoría de los representantes se inclinaron por las tendencias de lo que ha sido un asunto clave de la UIT por encomienda de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI): las líneas de acción C2, «infraestructura de las TIC», y C5, «creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC»; es decir, apuntando al desarrollo de soluciones técnicas y de política, pero no de contenidos. Y esto a despecho de la gran preocupación por la relación evidente entre ciber-seguridad y delincuencia telemática, que lleva a considerar los temas de libertad de expresión y derecho a la privacidad. Pero, como lo reflejan los documentos de la PP-10 –celebrada en Guadalajara, México, en octubre pasado–, habrá que seguir explorando la posibilidad de un consenso internacional para entrar en esa clase de discusión. Por ahora, la mesa no está servida para un debate a escala internacional sobre prohibición de contenidos. Privarán por algún tiempo más los modelos de prevención tecnológica de ataques o violaciones a la seguridad de datos y redes y la protección de los usuarios.

De este modo, no hay referencia posible a estándares internacionales para justificar, en las legislaciones internas de cada país, el desarrollo de dispositivos jurídicos que persigan el establecimiento de controles sobre los contenidos difundidos a través de Internet.

En el caso de Venezuela, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos (2001) fija responsabilidades penales a quienes violen la privacidad, obtengan y divulguen fraudulentamente datos personales o cometan ultrajes contra niños y adolescentes. Esta normativa está vigente y cumple en gran medida el propósito de la pretendida reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en cuyo objeto de regulación serían incluidos los mensajes transmitidos vía Internet.

Sólo Estados Unidos, España, Argentina y México contemplan en sus legislaciones normas semejantes a las de nuestra Ley de Delitos Informáticos; es decir, disposiciones que prohiben determinados mensajes y ciertos usos de datos en las redes telemáticas.

Gruesamente, la regulación internacional relativa a Internet se concentra en aspectos como el acceso a las TIC, los protocolos de transmisión de datos, la compresión de señales (voz y video), la conformación de redes y la conexión de los usuarios. Esto significa que el gran asunto regulado es la vía, el canal, o lo que es igual, el transporte, más específicamente, el carrier. No los contenidos. Este paradigma es uno de los soportes primordiales de la doctrina universal sobre regulación de las telecomunicaciones.

Venezuela: Internet y administración del espectro

Un año después de ser promulgada la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el entonces Ministerio de Infraestructura, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dictó la Resolución N° 41 contentiva de los Atributos de la Habilitaciones Administrativas.

Este documento regulatorio es clave para revelar que el Estado venezolano, en su configuración actual, es originalmente tributario de las tendencias internacionales en materia de regulación de las telecom y, en consecuencia, de Internet.

Al definir los tipos de atributos (entiéndase esto como usos específicos) de las telecomunicaciones, la RAHA –hoy plenamente vigente– expresa en el artículo 3, numeral 5:

“Servicios de Internet: servicio de telecomunicaciones que permite acceder a Internet, excluyendo la conexión entre el proveedor de acceso a Internet habilitado mediante el presente atributo y el usuario”.

Está muy claro: el atributo de la habilitación administrativa para el caso de redes de Internet se restringe exclusivamente al hecho de la explotación del servicio por parte del proveedor; y en consecuencia deja el acceso del usuario totalmente fuera del ámbito de la acción reguladora del Estado.

¿Y quién es el usuario? En Internet es usuario tanto el que publica los contenidos o dispone mecanismos de interacción, como el que se aprovecha de aquellos o participa mediante los últimos.

El usuario² de Internet puede ser quien publique un periódico digital, un portal de videos o un blog personal; y puede ser también quien haga uso de las redes sociales digitales (Facebook, MySpace, Twitter y demás). El usuario no es únicamente el que recibe los contenidos, como ocurre en los casos de la radiodifusión sonora y la televisión. El usuario de Internet es emisor-receptor, como ningún otro medio ha podido permitir que lo sea hasta ahora.

Por otra parte, el mismo artículo de la RAHA, ahora en su numeral 8, dice lo siguiente:

“Transporte: servicio de telecomunicaciones que permite la transmisión de información de cualquier naturaleza, sin que ésta se modifique, entre puntos de acceso previamente acordados. Permite la transmisión de información de cualquier naturaleza con un ancho de banda y/o durante un tiempo determinados, a través de circuitos exclusivos o no, conservando en todo momento la operación directa de la red de telecomunicaciones”³.

Este transporte en el caso de Internet es el que resulta susceptible de regulación y control, dado que se trata del único componente en el que puede verificarse el uso y explotación de una porción del espectro, bien de dominio público (CRBV, artículo 156.28; Lotel, artículo 7) bajo tutela y administración por parte del Estado venezolano.

Aquí estamos ante la ya clásica separación doctrinal de los tópicos inherentes a las tendencias regulatorias universales sobre Internet: de un lado está el canal mediante el cual se provee la conexión, que es objeto de control estatal; y por el otro, los contenidos o ámbito de ejercicio del derecho humano a la comunicación, que no puede estar bajo regulación directa.

La Lotel establece los términos generales del régimen de habilitación administrativa para todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones que requieran el uso y explotación del espectro electromagético, incluyendo a los proveedores de servicios de conexión a Internet. Ni esta ley ni su reglamento sobre concesiones y habilitaciones dictan absolutamente nada sobre pautas regulatorias de los usuarios de Internet o sobre los contenidos que cursen a través de las redes telemáticas.

¿Cuál es, entonces, el piso jurídico de la pretensión oficial de regular los mensajes difundidos a través de Internet? ¿Desconoce el gobierno nacional la normativa precedente que él mismo contribuyó a crear? ¿Será Venezuela el único país del mundo en el que se confunda la regulación de la radiodifusión con la de las redes telemáticas? ¿Nos convertiremos en la única nación democrática que apruebe una ley para censurar los contenidos en Internet?

Por Jesús Urbina Serjant

Maracaibo • Diciembre, 2010

(Este texto ha sido publicado en paralelo en todosenred.wordpress.com)

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¹ El RTI no contempla tipos de tecnologías, medios de conexión y, obviamente por la fecha de su adopción, tampoco se refiere a Internet. Uno de los temas de discusión latentes en la reciente Conferencia PP-10 fue la necesidad de actualización del reglamento.

² Aquí puede entenderse, indiferentemente, como persona individual o colectiva; y en este último caso, como una entidad privada, institucional, pública o comunitaria.

³ Atención a los pasajes resaltados: dan lugar a consideraciones de aún mayor amplitud sobre la impertinencia de acometer una regulación directa de los contenidos en Internet.

Un día antes el planteamiento fue hecho en Caracas y el jueves 23 fue presentado en Valera (Trujillo). El video que mostramos a continuación ofrece una síntesis de la agenda, que la ONG Espacio Público ha enviado a los candidatos a la Asamblea Nacional, con motivo de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre.

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Aquí puede usted obtener la Agenda Legislativa en formato PDF.

Cortesía: CLEZ.

Luego de haber sido aprobada en primera discusión el pasado 8 de junio, el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) sancionó finalmente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado Zulia, la cual se convierte en el tercer instrumento jurídico regional que defiende este derecho en el país.

A las 12:45 de este jueves se aprobaron los últimos cinco artículos del proyecto de ley que fue presentado ante el Consejo el pasado mes de mayo impulsado por el Capítulo Zulia de la Coalición ProAcceso, a través de su coordinador Jesús Urbina, y expuesta por los diputados Alejandro Silva (PJ) y Nerio Romero (Copei).

Se espera que el próximo 28 de septiembre, en conmemoración del Día Mundial del Derecho de Acceso a la Información Pública, la nueva ley sea promulgada por el gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, con la presencia de todas las personas que participaron en la obtención de este importante logro.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado Zulia contiene 27 artículos que defienden el derecho de todo ciudadano a conocer la información que se maneje en los organismos públicos venezolanos. Además del estado Zulia, la Coalición Proacceso y Transparencia Venezuela han impulsado las leyes regionales de Miranda, Nueva Esparta y Anzoátegui, así como ordenanzas municipales en Maneiro, Los Salias, Baruta, Campo Elías y Chacao.

(Publicación original)

(Nota de prensa del CLEZ)

DESCARGUE AQUÍ: Texto completo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado Zulia

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Deontoscopio ganó la mención honorífica de Libertad de Expresión, lo que nos honra y anima poderosamente a seguir en el ejercicio de los derechos de expresión, opinión e información.

La reseña que la propia gente de Espacio Público hizo del evento está aquí.

De nuestra parte, dejamos a la disposición de los usuarios de este blog una modesta reseña videográfica de ParticipAcción 2.0 2009, a continuación.

• Intervención de Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público:

• Presentación del jurado evaluador en las cuatro categorías del concurso:

• Palabras de Magaly Pérez, miembro del jurado de ParticipAcción 2.0:

• Acto de premiación:

¡Felicitaciones a quienes compartieron con nosotros los premios y a todos aquellos que promueven la participación democrática en las redes sociales 2.0!

El Primer Seminario Regional de Acceso a la Información Pública, una iniciativa del capítulo Zulia de la Coalición ProAcceso, tendrá lugar en esta ciudad el próximo miércoles 9 de diciembre.

«Saber o no saber. Un dilema de la democracia» es el lema del evento, en el que participarán como ponentes el diputado Richard Guevara, del Consejo Legislativo del estado Miranda; Jesús Abreu, ex alcalde del municipio Campo Elías, estado Mérida; y Manuel Narváez, director de la Oficina de Atención al Ciudadanado del municipio Maneiro, estado Nueva Esparta.

La Coalición ProAcceso, integrada por organizaciones gubernamentales e individualidades comprometidas con la transparencia del poder público, ha promovido la aprobación de ordenanzas municipales y leyes estadales de acceso a la información en distintas regiones del país.

Entre las experiencias más recientes de la causa a favor de este derecho fundamental de los ciudadanos, está la promulgación, el pasado 8 de octubre, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado Miranda.

Para impulsar la cultura del acceso a los datos de interés público en poder del Estado, la Coalición ProAcceso ha conformado grupos o capítulos regionales en todo el país. El saldo, en apenas tres años, ha sido la aprobación de ordenanzas y leyes estadales, así como la estimulación entre los venezolanos del ejercicio de un derecho esencial para la democracia.

El primer seminario zuliano de Derecho de Acceso a la Información se realizará en el auditorio de la Biblioteca Pública del estado, desde las 8:30 am hasta el mediodía del miércoles, con el apoyo institucional de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del estado Zulia y la Universidad del Zulia.

A través del correo electrónico proaccesozulia@gmail.com, es posible reservar un cupo para participación con derecho a certificado de asistencia.

Para estos dos campos de la comunicación organizada, lo aconsejable y prudente es mantener la distancia. Un periodista no debe hacer publicidad cuando reporta noticias.

Tampoco es saludable que un ancla profesional de radio o de televisión sea la voz, la cara, la imagen pública de una marca, un servicio, un producto que se compra y vende en el mercado.

La credibilidad del periodista y su independencia pueden ser las víctimas iniciales de cualquier defecto, fraude o desviación de propósito que se le achaque al bien mercadeado a costa de la seriedad, la integridad y la buena posición pública del profesional de la información.

No nos cuesta imaginar lo mal que debe sentirse la colega que en apenas un año ha recibido un doble golpe de imagen por su apuesta en grande a la publicidad. Esta respetada periodista, quien prestó su voz y endosó la confianza que los ciudadanos depositan en ella, para provecho publicitario de dos bancos privados, ahora ve estremecerse una práctica a la que ella se sumó muy tarde en su carrera.

Primero fue Stanford Bank. Luego, Bolívar Banco. Ambas instituciones lucían sólidas, confiables, buenos negocios. Así lo creyó legítimamente la periodista, y con ella, no pocos de los clientes de esas instituciones financieras.

Por favor, en esta ocasión no hagamos automáticas comparaciones entre uno y otro casos, explicando lo que ocurrió allá y justificando lo que pasó acá. Nuestro tema, aquí, no es la exégesis de la bancarrota de esos bancos.

Lo que nos preocupa y provoca esta reflexión es el sacrificio potencial –y a veces, como ahora, demasiado real– de la solvencia de un periodista que, integrado a un sistema en el que su palabra certifica a cualquier producto del mercado, puede hundirse en el mismo acto de la quiebra del anunciante, cuando éste fracasa o defrauda a su clientela.

No sé de dónde sacamos los periodistas venezolanos que es lícito juntar nuestra labor a la de la publicidad directa, involucrados en ella con cuerpo y alma. Está claro, en nuestro código deontológico, que no debemos hacerlo. Y del «primer mundo» no parece que hayamos importado el mal ejemplo, por cierto. En Estados Unidos no existe esa práctica, y si la hubiera sería muy mal vista por todos. En Europa, quienes eventualmente se dedican a eso terminan desbaratados por la crítica.

«The relationship between journalism and advertising hasn’t always been happy» (“La relación entre el periodismo y la publicidad no siempre ha sido feliz”), decía un columnista y profesor universitario de Periodismo en The Boston Globe el año pasado. Esa relación es necesaria, lo sabemos, pero requiere unas fronteras muy bien definidas.

Lo mismo pasa con el vínculo entre el periodismo independiente y la propaganda o la publicidad oficiales. Ya lo vivimos en carne propia una vez, y créannos: nada bueno sale de allí.

Sea que el anunciante provenga del mundo comercial o del sector estatal, al periodista no le conviene arriesgarse si de verdad aprecia su trabajo. Cuando sale el número, esta lotería siempre da premios efímeros.

Para algunos es deseable dejarse seducir por el lustre de los beneficios personales que ofrece la publicidad colada en el periodismo. Pero como suele ocurrir, no todo lo que brilla es oro. Que lo diga nuestra muy apreciada Marta.

A lo largo de la segunda mitad de 2008, realicé para esa organización el estudio del caso Venezuela en materia de concesiones de frecuencias de radiodifusión.

Se trató de una investigación documental y de campo sobre las condiciones de asignación de los títulos, la normativa que regula al sector y el diseño institucional del órgano de control, así como de la revisión de los casos emblemáticos en materia de radio y televisión, incluyendo la situación de la emisoras comunitarias en el país.

El trabajo se concretó en dos documentos: el Informe Técnico –que incluyó la relación de todos los instrumentos regulatorios de la radiodifusión en el país– y el Resumen del Caso Venezuela.

Lo mismo había sido encomendado a colegas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay, cuyos muy completos reportes se juntaron al diagnóstico que ya había sido realizado en Ecuador y en Centroamérica.

Conferencia al inicio de la reunión de AMARC en Buenos Aires.

Durante los días 13 y 14 de noviembre de 2008, todos los corresponsales de la investigación nos reunimos en Buenos Aires bajo la dirección de los coordinadores de este intenso trabajo, los periodistas y miembros del Programa de Legislaciones de AMARC Gustavo Gómez, Carolina Aguerre –ambos uruguayos– y Analía Elíades (Argentina). También asistieron la vicepresidenta internacional de AMARC, Aleida Callejas (México), y representantes de varias organizaciones no gubernamentales del continente.

Un hecho de mucha trascendencia fue que los informes nacionales y la compilación de los coordinadores de la investigación le fueron presentados, in situ, a los relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, Frank La Rue y Catalina Botero, respectivamente.

De primera mano, La Rue y Botero pudieron conocer en toda su amplitud la situación de los procesos de asignación de frecuencias de radiodifusión en América Latina, con sus problemas y también sus fortalezas.

La AMARC ha definido un conjunto de principios que se proponen como guía de las iniciativas continentales para la democratización del espectro radioeléctrico. Esos postulados fueron contrastados con las situaciones concretas del otorgamiento de títulos de radio y TV –especialmente en el caso de las emisoras comunitarias– en la región.

Hace un par de semanas, el informe definitivo ha visto la luz después de un gran esfuerzo de síntesis realizado por Gómez, Aguerre y Elíades.

Con el título de Las mordazas invisibles. Nuevas y viejas barreras a la diversidad en la radiodifusión, este trabajo investigativo va a ser presentado próximamente y de manera oficial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Programa de Legislaciones de AMARC permite el acceso directo y gratuito al informe a través de esta dirección electrónica:

http://legislaciones.amarc.org/mordazas/principal.htm

Les invito a leerlo con detenimiento. El documento ofrece datos de mucho interés para quienes están preocupados por el estado actual de la radiodifusión en Venezuela y Latinoamérica.

Pero sí es verdad que los desarrollos de la interaccción comunicacional vía Internet han significado un reto para las concepciones típicas, en el terreno de lo jurídico y en la dimensión ética, sobre las responsabilidades de los ciudadanos en el ejercicio de la libertad de expresión.

¿Hasta dónde es público lo que pongo en mi «estado» del Facebook? ¿Cuánta privacidad puedo controlar en mis mensajes de Twitter? Y más pertinentes, aun, estas otras preguntas: ¿debo ser blanco de reproches legítimos acerca de lo que digo en esos territorios virtuales? ¿Pueden otros endilgarme una lesión a sus derechos si me expreso con franqueza en mi «perfil» de usuario en esas redes?

Convicciones tenemos suficientes en cuanto a la idea de que nuestros actos comunicacionales, en cualquier espacio, deben estar sujetos a responsabilidades convencionales. Esto es, a las restricciones típicas que en el mundo analógico ya están consagradas: las que aseguran la protección de la dignidad humana y los derechos de la esfera personal de todos. Así, pues, la imagen propia, la honra, la reputación, el secreto de las comunicaciones privadas, los datos personalísimos o la intimidad, configuran un tejido de derechos fundamentales que –tan susceptibles como son a los abusos de la opinión o la información– han de ser resguardados del interés ajeno que procede sin consentimiento previo.

Ya sabemos que Facebook y Twitter, entre las redes más populares del universo virtual 2.0, cuentan con dispositivos de configuración que permiten al usuario administrar la privacidad: quién nos mira, qué pueden ver otros, quién nos «sigue» o cuánto acceso permitimos a los demás en nuestro espacio.

Pero esos mecanismos no son perfectos. Las filtraciones ocurren, y con ellas, los conflictos.

Aparte de esto, hay que considerar la noción, cada vez más fuerte entre muchos usuarios de esos sistemas, de que se puede aprovechar la oportunidad que nos brinda el estado o el mensaje para desplegar campañas y promover causas con las que se guarda afinidad. Las redes 2.0 son, en este sentido, útiles y novedosos medios de publicidad. Para muchos, son las herramientas de comunicación más formidables a su alcance.

Sin embargo, la mayoría de los participantes en esos servicios considera que los contenidos que exhibe, las relaciones que hace y los intercambios comunicacionales que concientemente genera son de su fuero privado. En consecuencia, procura protegerse de intrusos, «mirones» y de los excesos que otros usuarios cometan.

Es un tira y encoge en la definición personal de lo público. A ratos cae bien mucha difusión; en ocasiones, por lo contrario, es mejor reservarse para los amigos más cercanos. Es lo mismo que ocurre en todos los otros espacios de las relaciones humanas.

La intimidad y la privacidad no son locus. Se trata, más bien, de situaciones de vida que forman una burbuja intangible, que llevamos como ectoplasma virtual a dondequiera.

Los “lugares públicos” son circunstancias, no sitios propiamente. Nuestro microcosmos privado viaja con nosotros a la plaza, al mercado, al trabajo, a la universidad y al cine. Hemos aprendido a proteger la privacidad ante las exposiciones más definitivas, pero si la ocasión es que en el ámbito público se nos exige desnudar nuestra esfera íntima, podemos resistirnos e invocar el derecho fundamental proclamado en tantas declaraciones y normativas.

En Facebook tengo la opción de seleccionar a mis interlocutores. No obstante, si es el caso de que mis pensamientos expresados en la red trascienden más allá de mis controles, lo que he dicho queda expuesto a la crítica. Ésta, por cierto, es una de las facultades de la libertad de opinión y no tiene más límite que la dignidad de los sujetos cuyas actuaciones o expresiones evaluamos.

Decir que me avergüenza lo que otro ha dicho o hecho, no constituye una aberración ni un exceso en el ejercicio del comentario. Eso no equivale a la injuria o a una agresión moral. Si lo fuera, las fronteras de la libertad se retraerían tanto que la anularían y harían imposible todo derecho de la comunicación.

Peor todavía es pretender cubrirse de legitimidad legal para sentenciar, castigar o excluir del foro público a quienes ponen en entredicho lo que hacemos y decimos.

Cuando así procedemos es inevitable que nuestras acciones represoras correspondan a la calificación de censura.

Hace poco, un amigo escribió en su estado del Facebook lo siguiente:

«Ángel de la muerte: este año te llevaste a una de mis actrices preferidas (Farrah Fawcett), a una de mis cantantes preferidas (Mercedes Sosa) y a uno de mis cantantes preferidos (Michael Jackson). Te informo que Hugo Chávez es uno de mis presidentes preferidos… y el año aún no termina. ¡LÚCETE!»

Si señalaran a mi amigo de instigador de un delito (específicamente, del magnicidio), ¿qué pensaríamos de quien haga tal acusación?

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Los perfiles de la controversia

Dos polémicas muy sonadas últimamente en Venezuela han tenido como escenario a Facebook. Una de ellas justamente nació en esa red social digital.

Primero ocurrió el caso del profesor Pedro Lava, de la Universidad Santa María (Caracas), quien fue suspendido de sus labores docentes por causa de opiniones homofóbicas que hizo escuchar a sus alumnos durante una clase de Derecho Romano.

En apenas unas pocas horas, la presión de grupos críticos aluvionales formados en Facebook y Twitter se convirtió en el gatillo de la sanción. Muchas de las expresiones que emplearon los usuarios acusadores lucían tan ultrajantes como las que objetaban a Lava.

Claramente, el profesor se hundió en arenas movedizas al utilizar el espacio académico para denostar, con agravios diversos, de todo un colectivo social por sus preferencias sexuales.

Pedro Lava, en video comprometedor.

¿Violó la privacidad de Lava el estudiante que grabó en video y luego divulgó la arenga insultante? Definitivamente, no. Un espacio en apariencia privado –la clase– se transforma en este caso en el terreno de un hecho de indudable interés público.

¿Atacaron su intimidad y lesionaron su derecho a la honra quienes lapidaron al profesor a través de las redes sociales? Definitivamente, sí. A los usuarios de Facebook y Twitter les hubiera bastado con exponer el abuso de Pedro Lava y exigir la sanción que cabe en aquellas circunstancias. Pero el agravio moral no es la respuesta competente cuando se ejerce el derecho a la libertad de opinión, a la crítica.

El otro caso involucra también a un docente, pero esta vez la reacción de los usuarios del mundo 2.0 va en otra dirección, la de oponerse a la censura.

César Pérez, ayudante académico en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia (Maracaibo), ha sido objeto de destitución y sometimiento a sanción disciplinaria por haber opinado sobre el desempeño administrativo de una profesora ordinaria de la institución.

El Consejo de Facultad acomodó su resolución con unas consideraciones rayanas en la aplicación del silencio forzoso a estudiantes y profesores, lo que en una escuela que forma periodistas es un precedente peligroso e inaceptable.

La disconformidad con la decisión encontró notable eco en Facebook y Twitter, donde se generó una campaña de cuestionamiento a lo que una mayoría no tiene duda en calificar de «censura» institucional.

De nuevo, lo privado y lo público se cruzan en una espiral de malentendidos, atropellos y actos de intolerancia. La cultura cívica aún no florece entre nosotros.

Ser un periodista que no exhibe su verdadera identidad exige una vida de total independencia y absoluta autenticidad. No se puede asumir la condición de periodista encubierto hoy y mañana volver al ejercicio normal de la profesión.

Si escoges el método de la mimetización de tu trabajo reporteril, asúmelo por completo. No especules con esa forma de acercarse a los hechos, pues una vez que mientes sobre quién eres para conseguir la noticia, no hay retorno posible.

Günther Walraff lo sabe muy bien y por eso no tiene problemas para autocalificarse de “periodista indeseable”. Es consciente de su suerte como reportero proscrito por los medios convencionales. Ha asumido una forma de vida incompatible con el periodismo organizado.

G. Walraff (Foto: Agencia DPA).

Walraff es un Robin Hood de la información y para eso ha debido tomar el riesgo máximo –no la muerte física, sino la exclusión–, que lo margina del trabajo que a los reporteros corresponde lícitamente en la relación formal con las empresas informativas.

Voy a decirlo más claro: no estoy de acuerdo con el periodismo encubierto. Rechazo que lo propongan como un recurso del que ocasionalmente pueda echar mano el periodista para internarse en casos de gran dificultad y peligro, o como un modelo que se adopte cualquier día para “experimentar”, y menos, que lo tengan como el descanso creativo de la rutina absorbente en el diarismo.

La ecuación del periodismo es muy simple: hay que llegar a la verdad de los acontecimientos a través de medios legítimos. Decir una mentira para acceder a la verdad, eso definitivamente no tiene arreglo con el periodismo responsable.

Cambiar la identidad del reportero, a conveniencia, no es otra cosa que mentir. Y un periodista que traiciona este sencillo y fundamental estándar deontológico está descalificado en el esquema universal del reporterismo.

Panorama es un diario local que ha institucionalizado una sección denominada «En la piel de…», con reportajes de periodistas que se hacen pasar por otras personas para tener “vivencias” directas. Con franqueza, lo que publican no son sino crónicas emotivas que apenas describen la situación en la que los reporteros simulan asumir identidades de gente común en condiciones especiales.

«En la piel de...»

El sacrificio al que se someten la credibilidad y la honradez del periodismo ni siquiera puede justificarse con los resultados, que si mucho son notas coloridas con detalles curiosos y hasta humorísticos.

Esa práctica en particular no ofrece ningún dato que «cambie el mundo», como suele decir Günther Walraff cuando desenmascara a una corporación ecocida, expone a un gobierno corrupto o desvela una injusticia atroz. Con este francotirador del reporterismo, al menos ha valido la pena para las víctimas de tales sucesos, el enorme costo moral que se le causa a la profesión con el llamado periodismo encubierto.

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Dar la cara en medio de una balacera

Por cierto que, hace poco más de un mes, en Maracaibo tuvimos la extraordinaria oportunidad de escuchar, en vivo, a un reportero de excepción: Bill Gentile.

A él lo tenemos en buena cuenta por sus memorables fotorreportajes de las guerras centroamericanas de finales de los ’70 y la década de 1980, divulgados a través de las agencias estadounidenses UPI y AP.

Junto a la reportera de investigación Ana Arana, vino a nuestra ciudad con el auspicio de la Embajada de Estados Unidos. Ambos dictaron una interesante conferencia en el CEVAZ, atendida por docenas de estudiantes y profesores de Periodismo.

A propósito de una pregunta nuestra, tanto Gentile como Arana mostraron su expreso desacuerdo con el periodismo encubierto. Ana Arana dijo que hay mecanismos lícitos para realizar investigaciones comprometedoras de la seguridad del reportero, de modo que no se justifica mentir sobre la identidad propia.

Gentile, un reportero de guerras que toda su vida ha arriesgado el pellejo sin cambiar su nombre o disfrazarse para llegar a los hechos –incluso en medio de conflictos armados y enfrentando las más peligrosas amenazas–, criticó el recurso del encubrimiento reporteril asegurando que él siempre ha dado la cara, sin importar el costo para sí mismo, en la búsqueda de las noticias.

Mientras preguntábamos por este asunto y recibíamos contundentes respuestas de los conferencistas, el equipo reporteril de Panorama estaba presente en la sala. Pero la reseña del día siguiente no dijo nada al respecto.

Nota publicada en Panorama, 07-10-2009.