Sombras en el espectro

4 julio 2009 at 11:11 AM 1 comentario

En un solo anuncio, el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda –organismo al que se adscribió recientemente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)– ha dejado a 285 operadores de servicios de radiodifusión (sonora y TV) al borde de perder la validez de sus títulos por cinco años.

espectrocortadoSon 86 radiodifusoras en banda de Amplitud Modulada (AM), 154 en Frecuencia Modulada (FM), 10 televisoras en VHF y 35 en UHF las que serán objeto de un procedimiento administrativo porque presuntamente no han cumplido con el proceso de transformación de sus títulos, otorgados antes de la entrada en vigencia del régimen actual de las telecomunicaciones.

Conatel ha dicho que el plazo final para este trámite venció, luego de 15 días de prórroga, el recién pasado 23 de junio. La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión ha respondido, a través de medios de información nacionales, que no ha recibido reportes acerca de qué tipo de situación jurídica presentan las emisoras afectadas: demora en entrega de papeles, fallas en los documentos de titularidad y otros casos probables.

La pauta normativa a la que debe ajustarse esta situación está claramente definida en el artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que obliga a los operadores cuyas concesiones fueron obtenidas según los parámetros legales y reglamentarios anteriores a 2000 (año de publicación de esta ley), a modificar sus licencias, obteniendo las habilitaciones administrativas correspondientes y, de ser necesario, las nuevas concesiones de uso y explotación del espectro electromagnético.

Conatel y su matriz gubernamental, el MPPOPV, ahora dan por terminado ese proceso de transformación de las viejas licencias, a pesar de que el Estado no ha cumplido a cabalidad con la disposición de la Lotel en este campo regulatorio. En efecto, el mencionado artículo 210 dispone que el órgano de control “establecerá, mediante resolución, cronogramas especiales” para ese fin, “dentro de los dos años siguientes a la publicación de la (…) Ley en la Gaceta Oficial (…)”. Es decir, la fecha tope tanto para los operadores de radiodifusión como para Conatel ha debido caducar el 28 de marzo de 2002.

¿28 de marzo de 2002? Eso es menos de una quincena antes de los convulsionados y trágicos días del 11 al 13 de abril, marcadores de la vida pública nacional contemporánea. Pues bien, supongamos, por un momento, que Conatel no fue capaz de lograr –entre tanta inestabilidad política que precedió y sucedió a aquel episodio de nuestra historia reciente– que los radiodifusores en AM, FM, VHF y UHF previos a la Lotel actualizaran sus papeles. Eso sería comprensible.

También es posible entender que en otras dos oportunidades, por lo menos, Conatel y sus ministerios supervisores (en apenas un lustro, el de Infraestructura, el efímero Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, y finalmente el MPPOPV con Diosdado Cabello a la cabeza) iniciaran y suspendieran, por razones diversas, las campañas de transformación de títulos. Uno de esos cronogramas se abrió con la creación del MPPTI, cuando Jesse Chacón fue –indebidamente– director de Conatel al mismo tiempo que ministro. Esto ocurrió a principios de 2007, la época en que se preparaba la no renovación de las licencias de Radio Caracas Televisión, que se vencerían el 27 de mayo.

Esa vez el llamado era para todos los radiodifusores que tuvieran pendiente la actualización de títulos, pero la diligencia administrativa de Conatel se concentró en los que efectivamente tenían fecha de vencimiento similar a la de RCTV. Recuérdese que la mayoría de los operadores del espectro en las bandas de radio-televisión tenía permisos concedidos en mayo de 1987, cuando el gobierno del presidente Jaime Lusinchi hizo tabla rasa y otorgó licencias por 20 años mediante el Reglamento sobre Concesiones para Televisoras y Radiodifusoras (Gaceta Oficial No 33.726 del 27-05-87).

Conatel no concluyó en 2007 el proceso, y no sólo por causa de retrasos de los propios interesados. Tampoco logró el objetivo en 2008, más preocupado por atender la altísima demanda de regularización de radioemisoras y televisoras comunitarias, cuya proliferación era constante y fuertemente estimulada por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.

Entonces llegó 2009 y también volvió Cabello a tomar las riendas del control estatal sobre las telecomunicaciones. Ocupó el cargo con una frase en los labios, que ha marcado su hasta ahora breve gestión –la tercera en diez años–: “27 familias son propietarias de 31% del espectro”. Importante dato para una política pública de democratización de las frecuencias, que en vez de identificar y tratar directamente los puntos críticos de la situación, prefiere arrasar con todo. 285 licencias en vilo equivalen nada menos que a la mitad del espectro de la radiodifusión privada.

Si hay operadores que, culposamente, están en mora con sus papeles, es justo que Conatel haga las advertencias necesarias y les requiera ponerse a derecho, pero cuidándose de no actuar en tono arbitrario y autoritario, pues no ostenta buenas credenciales un gobierno que lleva siete años de retraso en la aplicación de la Lotel en materia de actualización de títulos.

Por otra parte, el ministro Cabello anuncia que la sanción a los operadores administrativamente insolventes será la «inhabilitación» por cinco años. ¿Es ésta, en todo caso, una respuesta proporcional por parte del regulador? ¿Qué hay de las sanciones pecuniarias –multas– que establecen los artículos 164, 165 y 166 de la Lotel? Está claro que, si se comprobara la omisión de los radiodifusores, ello implicaría la comisión de una falta, no de un delito o una infracción extrema, que es lo que sancionan los artículos 171, 172, 173 y 174 (con castigo de revocatoria de licencias). Algo más: aquí no estamos hablando de radioemisoras y televisoras clandestinas, sino de estaciones que recibieron sus permisos en alguna oportunidad previa a la entrada en vigor de la ley que actualmente regula a este sector.

No dudamos, sin embargo, que existan desórdenes y casos muy irregulares (cesión ilegal de títulos, concentración de estaciones en pocas manos, sucesiones dudosas, documentos forjados, disputas judiciales sobre titularidad de concesiones, etc.). Pero la responsabilidad jurídica y moral que corresponde al gobierno lo obliga a intervenir con una visión médica, aplicando medidas clínicas y desarrollando intervenciones precisas en el cuerpo enfermo.

Poca salud va a quedar después de usar un hacha, en lugar del escalpelo.

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Reforma de la LEP: la propuesta oficialista Reforma de la LEP: el análisis (1)

1 comentario Add your own

  • 1. Cruzada oficial contra los medios « Deontoscopio  |  16 julio 2009 en 7:27 PM

    […] • Conatel –órgano regulador del sector radioeléctrico– ha sido instruido por su matriz gubernamental, el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, para finiquitar el proceso de transformación de títulos de los operadores del anterior régimen, obviando nueve años de dilaciones, suspensiones y cambios constantes en los procedimientos necesarios para la conversión de las viejas licencias en nuevos permisos (habilitaciones y concesiones). Esta medida dejaría fuera del espectro a 240 estaciones de radio en AM y FM, y a 35 plantas de TV en VHF y UHF. De ello hemos hecho una mención crítica en otro post. […]

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