Reforma de la LEP: el análisis (3)

5 julio 2009 at 8:30 PM Deja un comentario

Al grano con la propuesta

Ya impuestos de los antecedentes, podemos iniciar la revisión crítica de la propuesta oficialista de reforma de la Ley de Ejercicio del Periodismo.

periodismoEn primer término hay que abordar la disyuntiva expresada en el documento del Movimiento por el Periodismo Necesario: ¿reforma de la LEP o nueva Ley de Ejercicio de la Comunicación Social? Esto me ha hecho recordar que un grupo de miembros del CNP, publicistas y relacionistas de profesión, se hizo una pregunta igual hace más o menos una década.

Dado que en el colegio hay una mezcla –inducida por la ley y justificada por el tipo de titulación universitaria– de periodistas, publicistas y relacionistas, algunos creen que lo congruente sería que la ley regule la «comunicación social» y que el gremio fuera renombrado como «Colegio Nacional de Comunicadores».

¡Error! Llevamos más de tres décadas en Venezuela y buena parte de Latinoamérica arrastrando esta confusión. Desde la reforma universitaria que dejó atrás a las escuelas nacionales de Periodismo y en su lugar levantó las de Comunicación Social, el “revoltijo” conceptual y gremial ha sido grande en nuestro país. Vamos por partes.

Uno: la Comunicación Social no es una profesión; es, eso sí, un campo donde confluyen diversas profesiones, oficios, saberes, relaciones, derechos, deberes, situaciones y, por supuesto, personas. La comunicación social es un fenómeno natural en nuestra especie, un espacio para la ocurrencia de muchos «eventos» humanos. Que una escuela universitaria se denomine «de Comunicación Social» no quiere significar el monopolio exclusivo y determinante del término para efectos laborales. Es decir, los profesionales formados en las ECS no son los únicos comunicadores sociales en la vida. Eso nos lleva a un asunto directamente derivado.

Dos: comunicador social es cualquier individuo que ejerce la potencialidad y los derechos de la comunicación en un ámbito público, lo haga profesionalmente o no. En consecuencia, lo es el periodista como también el educador, el político, el artista, etc. Es una terquedad nuestra, de los periodistas y profesionales afines, insistir en apropiarnos la condición de «comunicadores sociales».

Así las cosas, luce equivocado intentar normar, con una ley, el ejercicio de la Comunicación Social. ¿Cuál sería el bien regulado: la comunicación en todas sus manifestaciones posibles? No existe una ley así en el mundo, ni puede haberla. ¿Cuáles sujetos estarían bajo regulación: los periodistas, los publicistas, los comunicadores comunitarios… toda la población venezolana? Claro está que una ley, por definición, vale para la sociedad entera, pero ¿imaginan la amplitud, el carácter y los términos de una legislación que abarque la totalidad de la experiencia comunicacional? No puedo con eso.

El monopolio gremial del CNP

Cuando fue aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, me di cuenta de que el escenario gremial del periodismo podría sufrir modificaciones.

En los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, al ser abordado el tema de la cláusula constitucional para la regulación de las profesiones, varios representantes oficialistas aprovecharon la discusión para referirse a la «hegemonía» de los periodistas en el uso de los medios de información. Era, creo, el preludio lejano de lo que ahora vemos.

El MPN propone separa «agremiación» de «colegiación». El tema de la colegiación obligatoria en Venezuela es parte de una doctrina consolidada en el marco de la Constitución de 1961. La carta magna vigente no lo margina, pero deja a la ley definir cuáles profesiones quedan bajo esa condición (artículo 105 de la CRBV). Y mientras se daba la transcición del anterior al nuevo régimen, el texto constitucional de 1999 protegía la legislación profesional precedente.

Pero parece que ha llegado la hora de un borrón de cuentas, a juzgar por la vehemencia del planteamiento en boca de los líderes del MPN y los demás grupos oficialistas de la comunicación. El documento entregado a la Asamblea Nacional el 27 de junio solicita eliminar la colegiación obligatoria y consagrar el derecho a la libertad de asociación de los sujetos regulados por la futura ley.

Hablar sobre colegiación obligatoria del periodismo va a requerir un post completo. Así será. Pero por ahora es bueno señalar que en Venezuela esta figura jurídica se instituyó, para todas las profesiones, con el objeto de: a) endosar a una corporación de derecho público (el colegio) la tarea de garantizar la idoneidad del ejercicio profesional, con el respaldo de un régimen disciplinario interno que administra sanciones contra hechos de negligencia e infracción de los deberes; y b) amparar los derechos de los practicantes autorizados por la ley.

Por otro lado, la colegiación per se no es obstáculo para el ejercicio de los derechos comunicacionales de los ciudadanos que no son periodistas profesionales. (Esta idea requiere profundización, que prometo para fecha próxima). Valga como antídoto para no contagiarse con una opinión contraria, referir que en el artículo 3, parágrafo primero, de la actual Ley de Ejercicio del Periodismo, esto queda claramente establecido para garantizar la facultad de búsqueda y transmisión de información fuera de los medios convencionales (comerciales y públicos con audiencias ilimitadas). Y en el artículo 4 se reitera el principio constitucional de que los derechos comunicacionales son potestad de todos los ciudadanos, no sólo de los periodistas.

Y si la LEP no contradice –como efectivamente creemos– los principios de la CRBV, aún siendo anterior a ella, ¿para qué es necesario incorporar a la ley los «derechos comunicacionales del ciudadano»? Las libertades de expresión, opinión, prensa, información, acceso a información personal y a la información pública, así como los derechos a réplica y a rectificación están en la Constitución, y eso basta. La Ley de Ejercicio del Periodismo no está concebida como un instrumento de regulación de estos derechos. Simplemente existe para establecer las condiciones de ejercicio de la profesión.

Estas premisas sirven para rebatir la solicitud, también expresada en el documento del MPN, de reconocer legalmente a “todos los actores de la comunicación social, incluyendo a los comunicadores alternativos y comunitarios”. ¿No se dan por enterados los proponentes? Ese reconocimiento ya está hecho en la Constitución. Para corroborarlo, se extiende la invitación a releer los artículos 57 y 58 de la ley de leyes de Venezuela.

En resumen, romper el monopolio gremial del CNP no puede perseguir un objetivo libertario. Tiene que haber otra motivación tras la propuesta y no creo que sea de origen profesional.

¿Deontología o regulación legal?

Otro problema del documento del MPN es que confunde deontología y legislación. Cuando los proponentes piden la inserción de los artículos 1 (obligación de ejercer el periodismo como actividad de interés público), 4 (principio de veracidad), 8 (deber de no falsear los hechos) y 40 (compromiso con valores nacionales) del Código de Ética del Periodista Venezolano, soslayan el dato de que estos presupuestos del deber profesional ya están incoporados a la LEP.

¿Cómo es esto? Muy simple: en el artículo primero de la ley ya están asimiladas todas las obligaciones del CEPV, precisamente porque esta carta deontológica forma parte del régimen normativo de la profesión.

Los legisladores que tuvieron a su cargo la reforma de la ley en 1994 dispusieron ex professo la inclusión del código para otorgarle obligatoriedad jurídica a su cumplimiento. De esto queda constancia en los diarios de debates del extinto Congreso Nacional.

El código, sin embargo, es un documento deontológico, no de tipo legal. O sea, es un instrumento de autorregulación y no lo puede imponer ningún poder del Estado. Por ello es que corresponde exclusivamente al colegio profesional hacerlo cumplir. Si la preocupación del MPN es que el CNP es y ha sido débil en el mandato de corregir, por vía disciplinaria, las infracciones a los deberes deontológicos –consagrados también en la ley: artículo 34, numeral primero–, entonces estoy muy de acuerdo. Se conocen muchísimas faltas al CEPV y la normativa profesional, aunque uno rara vez escucha noticias de la actuación de los tribunales disciplinarios. Pero esto, por sí solo, no justificaría una reforma de la LEP.

¿Una ley orgánica?

Cuando quienes aúpan la reforma de la LEP dicen que esta iniciativa debe tener carácter de «ley orgánica», me pregunto si se dan cuenta de que los diputados de los partidos oficialistas rechazaron ese argumento ante las objeciones de la oposición a la Ley Resorte, en 2004.

El mismo motivo –la «regulación de derechos humanos»– fue usado por juristas, académicos y líderes políticos que cuestionaron los artículos 1, 3 y 12, entre otros, de aquella ley, debido a que una normativa de tipo «ordinario» no puede reglamentar libertades fundamentales.

¿Será que el MPN toma esa idea de la ley que regula el periodismo en Costa Rica? Allí, ciertamente, existe la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas. Pero éste es otro cuento. Ninguno de los 28 artículos de esa normativa se refiere a derechos humanos; sólo regula los derechos profesionales de los periodistas.

No veo razones, pues, para darle a la nueva LEP la condición de «ley orgánica».

……….

(En el próximo post: profesionalidad, título universitario y otros tópicos de la propuesta de reforma de la LEP).

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