Reforma de la LEP: el análisis (y4)

10 julio 2009 at 5:32 PM Deja un comentario

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¿Dudas sobre la profesionalización?

A causa de la propuesta del MPN para la reforma de la Ley de Ejercicio del Periodismo, casi provoca hacer un glosario de los términos fundamentales en un tema como éste.

Es así porque, al igual que la curiosa acepción de «constituyente», la idea de «profesión» en el periodismo resulta algo nebulosa en el documento del sector oficialista. Cuestionan allí que la vigente LEP otorga un “derecho de exclusividad” a los egresados universitarios de las escuelas de Comunicación Social para ejercer el periodismo. Ya hemos abordado el tópico de la colegiación obligatoria, de modo que ahora debemos ir directo al punto de la titulación profesional.

La ley, en su artículo 2, establece como condición sine qua non que para ejercer la profesión de periodista se requiere un título igual o equivalente al de licenciado en Periodismo o en Comunicación Social. Los diplomas similares obtenidos en el extranjero pueden ser objeto de una reválida nacional.

Antes objetamos la pretendida igualdad entre la profesión periodística y el concepto de comunicación social, origen de grandes confusiones académicas y legales. Ahora es necesario expresar que la propuesta del MPN incurre en una vaguedad riesgosa al homologar de manera tácita la idea de profesión con la de un oficio común. Técnicamente, el periodismo es una profesión, no un oficio. Sin embargo, esto no obsta para que en un lenguaje libre de precisiones semánticas se use la palabra «oficio» para referirse a la actividad periodística. Verbigracia, el consabido lema del Gabo: “El mejor oficio del mundo”, en referencia a nuestra profesión.

Otra cosa muy diferente es plantear que personas sin preparación universitaria puedan incursionar en la realización de tareas estrictamente reservadas a los periodistas titulados, según el artículo 3 de la LEP. Esta norma se dispone en la ley, por cierto, con unas cláusulas que eximen de los requerimientos profesionales a las personas que desarrollan actividades informativas en, por ejemplo, los medios comunitarios. Léase bien el parágrafo primero del artículo referido.

Es decir, ya está hecha en la LEP de 1994 la excepción para los comunicadores populares: no se exigirá título universitario ni colegiación a quienes informen, mediante iniciativas mediáticas no convencionales (nos referimos con esto a los que no son “medios masivos”, tanto privados como públicos), sobre los asuntos de interés para sus comunidades vecinales, laborales o institucionales. Un «reportero popular» –que encarna a una forma alternativa de periodismo– puede existir libremente sin los rigores de la profesionalización, siempre y cuando su ámbito comunicacional esté circunscrito a la comunidad, la parroquia o el sector ciudadano donde tenga cobertura el medio comunitario.

Un punto importante: por favor, no se deduzca de estas líneas alguna disonancia con el llamado «periodismo ciudadano», ése al que la Web 2.0 y las redes sociales digitales (el blogging, Facebook o Twitter) han potenciado descomunalmente. Todo lo contrario: estoy feliz con las nuevas dimensiones comunicacionales e informativas de estas experiencias. Pero la relación entre ellas y el periodismo profesional merece capítulo aparte. Así será.

La propuesta del MPN incluye la sugerencia de que un comunicador empírico, no tilulado, pueda acceder a la condición legal de periodista si realiza “cursos de mejoramiento profesional”. ¿Cómo es esto? ¿No es lógico pensar que sólo quien sea profesional tiene la necesidad de mejorarse profesionalmente? Este punto del documento oficialista es demasiado endeble y no aguanta ni la más superficial de las interpretaciones.

Sería interesante conocer la opinión del MPN sobre el reciente dictamen del Supremo Tribunal Federal de Brasil que elimina la exigencia del título profesional para el ejercicio del periodismo.

Escuelas y escudos

Dice la propuesta bajo análisis que las escuelas privadas de Comunicación Social son casi 20. Esto no es cierto. Hay cuatro escuelas o programas del ramo que son públicas –incluyendo la de la Universidad Bolivariana de Venezuela–, y en su número total no pasan de 18 las instituciones de educación superior que forman periodistas en este país.

Además señala, injustamente, que ellas forman profesionales “para seguir una línea empresarial”. No creo que se refieran al hecho –que sí es crítico y no lo denuncia el documento– de que en las ECS, en general, los periodistas son preparados con mentalidad de asalariados.

Estoy seguro de que la objeción viene por el lado del rechazo a la actividad informativa desde los medios privados.

La decisión de volverse un periodista orgánico al servicio de los intereses particulares de las empresas noticiosas o de las oficinas públicas de prensa, es reprochable cuando se verifica. Pero esto no le endosa automáticamente la culpa a la formación universitaria.

Esa misma preparación es la que faculta a los periodistas profesionales para ejercer con responsabilidad las libertades de la comunicación. No es un “escudo que se ostenta para cubrir cualquier desafuero”, según acusa la propuesta del MPN. El periodista que incumpla sus obligaciones, infrinja las normas profesionales y abuse de sus derechos será, con toda razón, objeto de señalamientos; pero no se puede tomar este avatar como el testimonio probatorio de las debilidades de la profesión y de las universidades que la enseñan.

También hay que revisar detenidamente esto de los «desafueros» comunicacionales: ¿ocurren sólo en los medios privados? ¿Tiene acaso la comunicación estatal venezolana un «escudo» que la inmunice contra el bacilo del abuso y el virus de la manipulación?

Una conclusión provisional

La revisión de la propuesta del Movimiento por el Periodismo Necesario deja muchas dudas sobre las intenciones, el fondo y las formas de la iniciativa con que se procederá a reformar, en breve, la LEP.

Los argumentos exhibidos son, casi en su totalidad, débiles y confusos. Si a ello se agrega el estado general de crispación que se nota en el escenario del debate, el escasísimo tiempo que ha programado la Asamblea Nacional para las consultas y las deliberaciones, amén de las dificultades para canalizar, en favor de la discusión, opiniones independientes y no sesgadas por intereses políticos; debemos predecir que el proceso de reforma no va a terminar bien.

Es probable que al final de la partida consigamos una ley más defectuosa que la actual, lo que va a causar nuevos problemas y a complicar los ya existentes.

Aunque sí hay razones verdaderas para modificar la ley, éstas no han aparecido en el horizonte con la definición necesaria. Y aunque fuéramos capaces de ponerlas en la agenda, no lucen oportunos el momento ni las condiciones para hacer una buena ley que regule nuestra profesión, tan golpeada y abusada en esta guerra absurda e interminable en que se nos ha convertido el diálogo público a los venezolanos.

Jesús Urbina Serjant / urbinaserjant@gmail.com

………

Estaremos pendientes de lo que pase a partir de este momento con la LEP, y volveremos a comentar sobre el tema en la medida en que surjan las situaciones previstas o asomen circunstancias inesperadas.

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