Cruzada oficial contra los medios

16 julio 2009 at 7:04 PM 1 comentario

cercoEn lo que parece una de las acometidas más fuertes contra el sector privado de los medios, en las tres últimas semanas ha habido un bombardeo de iniciativas desde cuatro poderes diferentes del Estado: el gobierno nacional, el parlamento, el máximo tribunal y la Fiscalía General de la República. Sólo faltó que al CNE se le ocurriera organizar una elección, de modo que tuviera también su chance de intervenir arredrando en territorio comunicacional.

Hay que contar como parte de esta andanada de acciones oficiales –la mayoría cargada de propósitos restrictivos– medidas que se agrupan en todas las dimensiones regulatorias: normativas, administrativas y jurisdiccionales.

La lista es larga y trataremos de organizarla por categorías, más que en su natural orden cronológico.

1. En el área normativa, han pisado fuerte dos poderes: el Legislativo y el Ejecutivo. He aquí sus movimientos recientes:

• La Asamblea Nacional ha estado muy ocupada proponiendo una agenda intensa de debates parlamentarios y consultas para dar inicio a la reforma de la Ley de Ejercicio del Periodismo (ya hemos opinado directamente sobre el punto), al tiempo que coquetea con la idea de retomar por vía propia la modificación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y no descarta apuntarle cambios a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. A la vez acepta una sugerencia de otro poder para crear la nueva Ley de Delitos Mediáticos, refuerza algunas normas de impacto comunicacional en el Código Orgánico Procesal Penal (grabaciones telefónicas) y termina de moldear las exigencias que las nuevas leyes orgánicas de Educación y Cultura harán a los medios de comunicación.

• El Ejecutivo nacional, por su lado, también afina el componente normativo que es de su competencia y pone a Conatel en plan de consulta pública sobre las futuras reglas sobre servicios de producción nacional audiovisual, con un objetivo muy claro: regular los contenidos de los canales venezolanos que sólo tienen difusión a través de sistemas de televisión paga. Entre otras obligaciones, esos operadores (tipo RCTV Internacional) deberán transmitir las «cadenas» oficiales de radio y televisión.

cerco2• Un bono a cargo del verdadero cuarto poder: por iniciativa propia, la fiscal general y una de las cabezas del Consejo Moral Republicano, Luisa Ortega Díaz, propuso la promulgación de una Ley de Delitos Mediáticos para castigar los «abusos» y «excesos» de los medios de comunicación, especialmente en los confines de eso que se ha dado por llamar «terrorismo mediático».

2. La acción administrativa o de controles directos también ha estado muy dinámica:

Conatel –órgano regulador del sector radioeléctrico– ha sido instruido por su matriz gubernamental, el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, para finiquitar el proceso de transformación de títulos de los operadores del anterior régimen de las telecomunicaciones, obviando nueve años de dilaciones, suspensiones y cambios constantes en los procedimientos necesarios para la conversión de las viejas licencias en nuevos permisos (habilitaciones y concesiones). Esta medida dejaría fuera del espectro a 240 estaciones de radio en AM y FM, y a 45 plantas de TV en VHF y UHF. De ello hemos hecho una mención crítica en otro post.

• El ministro de OPyV, Diosdado Cabello, ha solicitado a la AN la reforma puntual de la Lotel para romper el «latifundio radioelétrico» privado que conforman los circuitos radiales. Propuso reducir a tres el número de radioestaciones por circuito y a 30 minutos diarios la transmisión conjunta de las emisoras afiliadas.

3. Como antesala de toda esta batería de iniciativas que apuntan a un mayor control oficial de la información y a restricciones más estrictas de las libertades comunicacionales, el Poder Judicial hizo un aporte sustancioso a la creciente controversia sobre los medios radioeléctricos:

• El fallo 834 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirmó la constitucionalidad de los artículos 171, 183, 208 y 209 de la Lotel, lo que deja incólume la protestada norma que permite la revocatoria de licencias radioeléctricas si las transmisiones de radio y TV inducen a la «comisión de delitos».

• Y como si de un club de la acidez discursiva se tratara, la presidenta del TSJ, Luisa Esthela Morales, se unió a otros altos funcionarios del Estado (el ministro Cabello, la fiscal Ortega Díaz y el diputado de la AN Manuel Villalba) en una seguidilla de declaraciones hostiles contra la prensa y los medios de información en general. La reportera Vanessa Gómez, de El Nacional, recibió de la magistrada una reprimenda verbal que sonó fuertemente como una amenaza contra la libertad de crítica del periodismo.

¿Alguien rechaza todavía el término «cerco mediático»? Ahora es imposible negar que tal cosa existe, pero al revés: es un enorme muro de contención a los medios privados y al ejercicio del periodismo.

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Reforma de la LEP: el análisis (y4) Delitos mediáticos: un pretexto para aniquilar las libertades

1 comentario Add your own

  • 1. Jesse Hernández Luzardo  |  21 julio 2009 en 1:02 AM

    Jesús, me encantó el análisis que hiciste con la “Cruzada oficial contra los medios”. Es imposible hacer de lado tantos detalles obvios y no llegar a la conclusión que asomas allí. Bravo Jesús.

    Responder

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