Delitos mediáticos: grosera redundancia

31 julio 2009 at 1:25 PM 1 comentario

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Ilustración: John Dyson

Hay una pléyade de normas que regulan el ejercicio de las libertades comunicacionales en Venezuela. ¿Para qué más? La respuesta sólo puede conducirnos al diagnóstico del autoritarismo que se ha hecho sintomático en todos los poderes públicos del país.

Esas restricciones desarrollan los dos criterios que se validan en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: protección de los derechos humanos y seguridad nacional–orden público. Esto no quiere decir, de antemano, que los límites impuestos sean justos o bien ponderados. Sólo nos referimos a la razón jurídica de la regulación. Algunas de las normas son anacrónicas, excesivas o simplemente negadoras del espíritu constitucional de la responsabilidad que cabe a quien ejerce los derechos de la comunicación.

Veamos una muestra de estas limitaciones directas e indirectas (no desplegamos el contenido de los artículos, pero en cambio ofrecemos los enlaces a las normas de referencia):

Código Civil

Artículo 1.185: comisión de daños (morales) a terceros y obligación de reparación.

Artículo 1.196: indemnización por daños morales contra reputación, honor y secretos personales.

Código Penal

Artículo 147: delito de vilipendio contra el Presidente de la República; pena de prisión.

Artículo 148: vilipendio contra otras figuras de alto rango de los poderes públicos; pena de prisión.

Artículo 297-A: delito de conmoción pública por divulgación de informaciones falsas; pena de prisión.

Artículo 442: delitos de difamación y calumnia; pena de prisión y multa.

Artículo 444: delito de injuria: pena de prisión y multa.

Código Orgánico Procesal Penal

Artículo 112: prohibición de informar sobre la investigación de un crimen.

Artículo 233: incautación de correspondencia relacionada con un crimen.

Artículo 234: autorización para interceptar y grabar conversaciones telefónica.

Artículos 237, 238 y 239: obligación de informar mediante declaraciones judiciales (no exceptúa a los periodistas, lo cual constituye un desconocimiento del secreto profesional de las fuentes informativas).

Artículo 298: las excepciones por motivos profesionales a la obligación de denunciar no incluyen a los periodistas, lo que resta valor al secreto profesional.

Artículo 313: carácter reservado (secreto) de las actuaciones en una investigación criminal.

Artículo 336: posibilidad de declarar privado el debate en un juicio criminal si se pone en riesgo un secreto particular u oficial.

Ley Orgánica de Seguridad de la Nación

Artículo 27: clasificación de secretos de Estado por causa de seguridad nacional.

Ley Orgánica de la Administración Pública

Artículo 55: carácter secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.

Artículo 158: condicionamiento del derecho de acceso a los documentos públicos clasificados como confidenciales o secretos.

Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

Artículos 71 a 75: normas sobre información y comunicación para proteger los derechos de los menores de edad.

Artículos 233 a 236: penalización de excesos comunicacionales que tengan a niños y adolescentes por víctimas; las penas incluyen suspensión de medios y multas.

Ley Orgánica de Telecomunicaciones

Artículos 164 a 170: multas y sanciones administrativas para los operadores de telecomunicaciones que cometan faltas.

Artículo 171.6: revocatoria de habilitación o concesión en caso de “coadyuvar en la comisión de delitos” durante las transmisiones de radio y TV.

Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas

Artículo 7: reserva de las actuaciones de la policía judicial o científica en la investigación de crímenes.

Artículo 22: deber de informar al CICPC sobre materias de interés para la investigación criminalística; el incumplimiento se califica como desacato y acarrea responsabilidades legales.

Artículo 25: protección de testigos con reserva de información y prohibición de imágenes.

Artículo 28: condicionamiento de acceso a la escena de un crimen.

Ley Especial contra los Delitos Informáticos

Artículos 20 a 22: protección de la privacidad, el secreto de las comunicaciones y los datos personales.

Artículos 23 y 24: protección de los derechos de niños y adolescentes.

Ley de Protección a la Privacidad de las Comunicaciones

Artículo 2: posesión y revelación de grabaciones no autorizadas de comunicaciones privadas.

Artículo 5: prohibición de uso del contenido de las comunicaciones personales grabadas ilegalmente.

Ley de Ejercicio del Periodismo

Artículo 9: obligación (para periodistas y medios) de rectificar las informaciones inexactas.

Artículo 10: protección de los periodistas ante manipulaciones mediáticas de la información.

Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión

Artículos 28 y 29: sanciones pecuniarias y administrativas (hasta revocatoria de licencias) para los operadores de radio y TV que infrinjan las normas sobre contenidos.

Como se ve, no es necesario aprobar una nueva ley para castigar los delitos mediáticos. El Estado ya tiene suficientes recursos –normativos, administrativos y hasta jurisdiccionales– para limitar, sancionar y desde luego proscribir toda comunicación inconveniente a los fines políticos de quienes nos gobiernan.

Con el Código Penal, la Ley Especial contra Delitos Informáticos y la Ley Resorte les basta y sobra para cubrir el panorma completo de los medios (impresos, radioeléctricos y telemáticos).

Entonces, ¿por qué el trasnocho de la Fiscal General? ¿A quién va dirigido su mensaje? ¿Estará buscando un premio especial por su lealtad?

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