Archive for diciembre, 2010

Revisión crítica del proyecto de reforma de la Ley Resorte*

Aun cuando el objetivo clave de la iniciativa gubernamental para modificar nuevamente1 la vigente Ley Resorte, es incluir los contenidos de Internet en la lista de elementos bajo censura, la ley seguiría llamándose de “radio y televisión”. Algo que, por lo menos, resulta absurdo y fuera de serie.

En el proyecto presentado por el Ejecutivo nacional (específicamente, por la Vicepresidencia de la República) a la Asamblea Nacional, se establece una regulación sobre los “medios electrónicos” (artículo 1). Pero es tan vago el enunciado, que luego dispone la aplicación de la ley a “todo texto, imagen, sonido o contexto” difundido mediante radio o televisión. Cuando en este punto se define el “servicio de Internet”, se hace referencia exclusivamente al ámbito de los proveedores del servicio.

Al incorporar el propósito de censura a Internet, la reforma modifica el artículo 6 para incluir «textos» y «contextos», que ahora entrarían en la clasificación del lenguaje como objeto regulado. La misma operación, cual reiteración mecánica, se introduce para el caso del resto de los elementos de contenidos sometidos a la aplicación de los términos de la ley: sexo, salud y violencia.

Se introduce un cambio en los bloques de horarios (artículo 7), al ampliar en tres horas (una en la mañana y dos en la noche) el llamado «horario todo usuario». Ahora sería de 6:00 am a 9:00 pm. Por otro lado, se reduce a un solo bloque el «horario supervisado» (la ley vigente dice que son dos: de 5:00 am a 7:00 am y de 7:00 pm a 9:00 pm), el cual quedaría comprendido entre 9:00 pm y 12:00 am. Finalmente, el «horario adulto» va a ser de 12:00 am a 6:00 am.

Se establece también en el artículo 7 que 50% de las telenovelas transmitidas en los horarios «todo usuario» y «supervisado» deberá ser producción nacional.

Al final del enunciado de este artículo de la reforma hay un galimatías: “las imágenes o descripciones gráficas de violencia no podrán ser difundidas por los servicios de radio y televisión, una vez haya cesado la inmediatez del suceso”. ¿A qué se refiere esto, a la repetición sucesiva de esos contenidos? ¿Cómo se aplicará esto: censurando técnicamente las imágenes o no divulgando en repetición las noticias que las contienen?

A su vez, el artículo 8 de la reforma es completamente nuevo. Establece las “prohibiciones”: censura absoluta, tanto en medios radioeléctricos como en Internet, sobre cierto tipo de elementos (sexo E, salud D y violencia C) en todos los usuarios. Entonces, ¿para qué están descritos en el artículo 6? Es decir, ¿ni los adultos podrán tener acceso a esos contenidos?

Por lo demás, esta encantadora pieza del proyecto de reforma hace un mezclote de lo establecido en el artículo 57 de la CRBV2, de la LOPNNA3 y hasta del Código Penal. Llega al epítome de prohibir expresiones que induzcan al magnicidio, pero no al homicidio. Es decir, sólo importa censurar si a quien se sugiere asesinar es al presidente o algún alto jerarca del Estado. La vida de los demás no es tan importante como para pasar una veda a las comunicaciones que la pongan en riesgo.

Y todo ello, léase bien, también está dispuesto como prohibición en la difusión de mensajes y el acceso a portales en Internet. Para ello, los proveedores de servicios de conexión deben establecer “mecanismos que permitan restringir” esos contenidos, a solicitud de Conatel, que incluso estaría habilitada con procedimientos cautelares.

El penúltimo parágrafo de este artículo es otra joya: los proveedores de servicios de Internet serán los responsables de los contenidos difundidos “en aquellos casos que hayan originado la transmisión, modificado los datos, seleccionado a los destinatarios o no hayan limitado el acceso a los mismos, en atención al requerimiento efectuado por los órganos con competencia en la amteria”. Esto no es otra cosa que ir a contracorriente de la clásica y necesaria división entre el transporte de los datos (carrier) y los contenidos. De estos últimos siempre y todo caso deben ser responsables los usuarios que publican en redes sociales digitales, portales o blogs; y no porque se pretenda proteger de manera privilegiada al operador, sino porque ello ha sido una bandera de libertad y autonomía por parte de los usuarios de Internet. Por otro lado, técnicamente es imposible garantizar este precepto normativo, a menos que se disponga un control absoluto y discriminatorio de los contenidos en las redes telemáticas a las que los usuarios nacionales tienen acceso.

Las comisiones de Programación de Radio y Televisión, instituidas en la Ley Resorte original (2004), reciben una nueva competencia: la asignación directa de programas de Producción Nacional Independiente. Esto lo venía requiriendo Conatel desde hace algunos años, con el fin de intervenir en la libertad de programación (ordenación de espacios dentro de los parámetros de la ley en cuanto a horarios y elementos clasificados) de los servicios de radiodifusión. Ahora se concretaría con la reforma de la ley.

Sorprende mucho que, pese al hecho de que el proyecto asigna a Conatel la potestad de supervisar a los proveedores de servicio en la regulación de los contenidos difundidos vía redes telemáticas, el artículo 20 no incluya competencias en lo referido a Internet; sólo se le asignan los típicos deberes administrativos en referencia a la radio y la televisión. ¿Qué es esto, anomia involuntaria? ¿Una inconsistencia que pasará tras la eventual aprobación de la reforma? Esto es particularmente importante para evidenciar la capciosa prisa, la improvisación y el absurdo de esta iniciativa originada en el poder ejecutivo. Por otra parte, si la ley queda así habrá problemas de jurisdicción, pues Conatel seguirá conservando la capacidad de desarrollar normativa derivada por medio de resoluciones y providencias administrativas.

El artículo 21 contiene otras dos sorpresas que desconciertan. Entre las competencias del Directorio de Responsabilidad Social (órgano de control en materia de contenidos), el numeral 3 le otorga rótulo de legalidad a una operación administrativa contraria a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y a los procedimientos concernientes del ordenamiento jurídico nacional. Se consagra allí el hecho de que Conatel pueda estar adscrito indiferentemente a cualquier órgano del poder público. Ello revela una confesión por parte del Ejecutivo nacional, que ha cambiado la dependencia de Conatel (fijada claramente en la ley marco), agencia gubernamental que ha ido del timbo al tambo en los últimos diez años. El gobierno ha cambiado su adscripción por lo menos cuatro veces en este período, acción totalmente ilegal en cada caso.

El otro detalle increíble del proyecto de reforma es la eliminación, por inconsecuencia e la Administración, del Consejo de Responsabilidad Social. No se sabe si por defectos de edición, en el texto del proyecto se dice que esto ocurre “dado que a la fecha no ha sido creado lo que lo hace inaplicable” (sic).

La modificación del artículo 23 de la ley se restringe a la eliminación del lapso de quince (15) días que los prestados de servicios de radiodifusión tenían para proveer la información y las grabaciones requeridas por el órgano de control. Se supone que a partir de la aprobación del nuevo articulado esas entregas deberán ser inmediatas.

Para el caso de los tributos creados por la Ley Resorte original, el nuevo artículo 25 eleva la contribución parafiscal de 2% a 4%. Pero otra vez aquí aparece una inconsistencia estructural del proyecto de reforma, pues el impuesto sólo pecha a los prestadores de radio y televisión, no a los operadores de Internet.

También se elevan las tasas imputables a los prestadores de servicios por concepto del archivo de Conatel, por cada hora de transmisión grabada y por certificaciones.

En el capítulo de las sanciones, el artículo 29 se modifica para incluir los procedimientos administrativos contra los proveedores de servicios de Internet que incumplan la ley, en algunos casos con el pago de multas de 1% y 2% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior (numeral 2), y hasta 4% (numeral 3). Por supuesto, se les incluye también en la previsión de reincidencias, por las cuales se podrían elevar la multa en 50%.

No es fácil saber por qué, pero en el texto de la reforma de ese artículo, cuando se establece la co-participación de los productores nacionales independientes en las infracciones, se introduce la expresión “solidariamente responsables”.

Junto a la suspensión de hasta 72 horas continuas de transmisión que impone el artículo 29 vigente, la reforma propone castigar con el pago de 10% de los ingresos brutos del operador que cometa cualquiera de las violaciones que ahora se nominan, entre las que está la «inducción del magnicidio».

La fase de evacuación de pruebas en los procedimientos administrativos sancionatorios (artículo 32) ahora tendría un lapso de 15 días (10 días en la ley vigente).

Las medidas cautelares dispuestas en el artículo 33 –que por cierto establecen la censura previa por vía administrativa, aun cuando la Constitución la prohibe– extienden la veda (abstención de difusión) a los servicios de Internet. Por si fuera poco, se instituye con la reforma la figura del desacato a las resoluciones de Conatel, falta que acarrearía la expedita revocación de las licencias otorgadas al prestador de servicios.

Como dispositivo final, el proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión modifica el artículo 35 para extender a 30 días el lapso de la prórroga para la fase de evacuación de pruebas en un procedimiento administrativo sancionatorio, como paso previo a la decisión que habrá de tomar el Directorio de Responsabilidad Social, órgano de control según la ley.

Por Jesús Urbina Serjant

…….

* Acrónimo de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

1 La ley fue promulgada originalmente en diciembre de 2004 y reformada por primera vez un año más tarde.

2 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

3 Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (2007).

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14 diciembre 2010 at 11:49 AM Deja un comentario

Sobre la pretendida regulación de Internet

¿Qué hace materialmente posible que tengamos acceso a Internet? La respuesta es sencilla: la red mundial de telecomunicaciones, cuyos códigos normativos son dispuestos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), agencia de las Naciones Unidas dedicada a la ordenación de las tecnologías de la información y la comunicación. En la UIT están representados 192 estados, todos los reguladores de las telecomunicaciones y unas 700 empresas del sector privado.

El acceso a Internet es propiciado por la UIT, que define estándares y reglas de uso en todos los países que aceptan sus orientaciones (Venezuela, entre ellos). Sus acuerdos y resoluciones definen el establecimiento de las redes mundiales de transporte de datos, la coordinación de los satélites, los IDN (Nombres de Dominio Internacionales), la ciber-seguridad, los lenguajes y las aplicaciones de las telecomunicaciones, el ancho de banda, la accesibilidad y la superación de la brecha digital.

Todo ello es sometido a los convenimientos surgidos de un área de trabajo específica de la Unión, el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (ITU-T). El instrumento normativo base de la organización es el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, acta final de la Conferencia de Melbourne (1988)1, pero los continuos cambios de las plataformas y usos de las TIC han impulsado la aprobación de otros documentos de regulación internacional en esta materia, llamados «Recomendaciones» (ITU-T-Recs). Éstos son los estándares que soportan las operaciones e interconexiones de las redes de telecom. Su validez no es vinculante hasta ser adoptados en las respectivas legislaciones de los países miembros de la organización. Venezuela, hasta la fecha actual, ha incorporado en la trama normativa nacional (la Lotel y sus reglamentos, así como las providencias administrativas del órgano regulador de las telecomunicaciones, Conatel) todas las orientaciones de la UIT.

Esto es particularmente necesario en áreas como: operaciones generales de las redes de transporte, medios y sistemas de transmisión, redes digitales, redes de servicios integrados, esquemas tarifarios, protección contra las interferencias, transmisión de datos sobre redes telefónicas, seguridad de transmisiones y protocolos de Internet, entre otros.

Pues bien, ninguna de estas piezas de la normativa relacionada con la estandarización está referida a la regulación de los contenidos a traves de las redes telemáticas de información y comunicación. Ello quiere decir que la UIT no induce, recomienda o dispone normas para determinar la filtración de mensajes por ninguna razón (uso de lenguaje, tópicos prohibidos, protección de menores, etc.).

De hecho, cuando en la 18ª. Conferencia de Plenipotenciarios 2010 (PP-10) de la Unión surgió el tema de la ciber-seguridad como parte de los acuerdos finales, se desató una polémica entre quienes son partidarios de restringir ese tópico a la esfera de lo estrictamente técnico, y quienes proponían incluir consideraciones relativas a los contenidos por razones de soberanía y seguridad nacional. No hubo acuerdo al respecto, pues la mayoría de los representantes se inclinaron por las tendencias de lo que ha sido un asunto clave de la UIT por encomienda de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI): las líneas de acción C2, «infraestructura de las TIC», y C5, «creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC»; es decir, apuntando al desarrollo de soluciones técnicas y de política, pero no de contenidos. Y esto a despecho de la gran preocupación por la relación evidente entre ciber-seguridad y delincuencia telemática, que lleva a considerar los temas de libertad de expresión y derecho a la privacidad. Pero, como lo reflejan los documentos de la PP-10 –celebrada en Guadalajara, México, en octubre pasado–, habrá que seguir explorando la posibilidad de un consenso internacional para entrar en esa clase de discusión. Por ahora, la mesa no está servida para un debate a escala internacional sobre prohibición de contenidos. Privarán por algún tiempo más los modelos de prevención tecnológica de ataques o violaciones a la seguridad de datos y redes y la protección de los usuarios.

De este modo, no hay referencia posible a estándares internacionales para justificar, en las legislaciones internas de cada país, el desarrollo de dispositivos jurídicos que persigan el establecimiento de controles sobre los contenidos difundidos a través de Internet.

En el caso de Venezuela, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos (2001) fija responsabilidades penales a quienes violen la privacidad, obtengan y divulguen fraudulentamente datos personales o cometan ultrajes contra niños y adolescentes. Esta normativa está vigente y cumple en gran medida el propósito de la pretendida reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en cuyo objeto de regulación serían incluidos los mensajes transmitidos vía Internet.

Sólo Estados Unidos, España, Argentina y México contemplan en sus legislaciones normas semejantes a las de nuestra Ley de Delitos Informáticos; es decir, disposiciones que prohiben determinados mensajes y ciertos usos de datos en las redes telemáticas.

Gruesamente, la regulación internacional relativa a Internet se concentra en aspectos como el acceso a las TIC, los protocolos de transmisión de datos, la compresión de señales (voz y video), la conformación de redes y la conexión de los usuarios. Esto significa que el gran asunto regulado es la vía, el canal, o lo que es igual, el transporte, más específicamente, el carrier. No los contenidos. Este paradigma es uno de los soportes primordiales de la doctrina universal sobre regulación de las telecomunicaciones.

Venezuela: Internet y administración del espectro

Un año después de ser promulgada la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el entonces Ministerio de Infraestructura, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dictó la Resolución N° 41 contentiva de los Atributos de la Habilitaciones Administrativas.

Este documento regulatorio es clave para revelar que el Estado venezolano, en su configuración actual, es originalmente tributario de las tendencias internacionales en materia de regulación de las telecom y, en consecuencia, de Internet.

Al definir los tipos de atributos (entiéndase esto como usos específicos) de las telecomunicaciones, la RAHA –hoy plenamente vigente– expresa en el artículo 3, numeral 5:

Servicios de Internet: servicio de telecomunicaciones que permite acceder a Internet, excluyendo la conexión entre el proveedor de acceso a Internet habilitado mediante el presente atributo y el usuario”.

Está muy claro: el atributo de la habilitación administrativa para el caso de redes de Internet se restringe exclusivamente al hecho de la explotación del servicio por parte del proveedor; y en consecuencia deja el acceso del usuario totalmente fuera del ámbito de la acción reguladora del Estado.

¿Y quién es el usuario? En Internet es usuario tanto el que publica los contenidos o dispone mecanismos de interacción, como el que se aprovecha de aquellos o participa mediante los últimos.

El usuario2 de Internet puede ser quien publique un periódico digital, un portal de videos o un blog personal; y puede ser también quien haga uso de las redes sociales digitales (Facebook, MySpace, Twitter y demás). El usuario no es únicamente el que recibe los contenidos, como ocurre en los casos de la radiodifusión sonora y la televisión. El usuario de Internet es emisor-receptor, como ningún otro medio ha podido permitir que lo sea hasta ahora.

Por otra parte, el mismo artículo de la RAHA, ahora en su numeral 8, dice lo siguiente:

Transporte: servicio de telecomunicaciones que permite la transmisión de información de cualquier naturaleza, sin que ésta se modifique, entre puntos de acceso previamente acordados. Permite la transmisión de información de cualquier naturaleza con un ancho de banda y/o durante un tiempo determinados, a través de circuitos exclusivos o no, conservando en todo momento la operación directa de la red de telecomunicaciones”3.

Este transporte en el caso de Internet es el que resulta susceptible de regulación y control, dado que se trata del único componente en el que puede verificarse el uso y explotación de una porción del espectro, bien de dominio público (CRBV, artículo 156.28; Lotel, artículo 7) bajo tutela y administración por parte del Estado venezolano.

Aquí estamos ante la ya clásica separación doctrinal de los tópicos inherentes a las tendencias regulatorias universales sobre Internet: de un lado está el canal mediante el cual se provee la conexión, que es objeto de control estatal; y por el otro, los contenidos o ámbito de ejercicio del derecho humano a la comunicación, que no puede estar bajo regulación directa.

La Lotel establece los términos generales del régimen de habilitación administrativa para todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones que requieran el uso y explotación del espectro electromagético, incluyendo a los proveedores de servicios de conexión a Internet. Ni esta ley ni su reglamento sobre concesiones y habilitaciones dictan absolutamente nada sobre pautas regulatorias de los usuarios de Internet o sobre los contenidos que cursen a través de las redes telemáticas.

¿Cuál es, entonces, el piso jurídico de la pretensión oficial de regular los mensajes difundidos a través de Internet? ¿Desconoce el gobierno nacional la normativa precedente que él mismo contribuyó a crear? ¿Será Venezuela el único país del mundo en el que se confunda la regulación de la radiodifusión con la de las redes telemáticas? ¿Nos convertiremos en la única nación democrática que apruebe una ley para censurar los contenidos en Internet?

Por Jesús Urbina Serjant

Maracaibo • Diciembre, 2010

(Este texto ha sido publicado en paralelo en todosenred.wordpress.com)

……………………………………………………..

1 El RTI no contempla tipos de tecnologías, medios de conexión y, obviamente por la fecha de su adopción, tampoco se refiere a Internet. Uno de los temas de discusión latentes en la reciente Conferencia PP-10 fue la necesidad de actualización del reglamento.

2 Aquí puede entenderse, indiferentemente, como persona individual o colectiva; y en este último caso, como una entidad privada, institucional, pública o comunitaria.

3 Atención a los pasajes resaltados: dan lugar a consideraciones de aún mayor amplitud sobre la impertinencia de acometer una regulación directa de los contenidos en Internet.

14 diciembre 2010 at 11:07 AM Deja un comentario


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