Sobre la pretendida regulación de Internet

14 diciembre 2010 at 11:07 AM Deja un comentario

¿Qué hace materialmente posible que tengamos acceso a Internet? La respuesta es sencilla: la red mundial de telecomunicaciones, cuyos códigos normativos son dispuestos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), agencia de las Naciones Unidas dedicada a la ordenación de las tecnologías de la información y la comunicación. En la UIT están representados 192 estados, todos los reguladores de las telecomunicaciones y unas 700 empresas del sector privado.

El acceso a Internet es propiciado por la UIT, que define estándares y reglas de uso en todos los países que aceptan sus orientaciones (Venezuela, entre ellos). Sus acuerdos y resoluciones definen el establecimiento de las redes mundiales de transporte de datos, la coordinación de los satélites, los IDN (Nombres de Dominio Internacionales), la ciber-seguridad, los lenguajes y las aplicaciones de las telecomunicaciones, el ancho de banda, la accesibilidad y la superación de la brecha digital.

Todo ello es sometido a los convenimientos surgidos de un área de trabajo específica de la Unión, el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (ITU-T). El instrumento normativo base de la organización es el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, acta final de la Conferencia de Melbourne (1988)1, pero los continuos cambios de las plataformas y usos de las TIC han impulsado la aprobación de otros documentos de regulación internacional en esta materia, llamados «Recomendaciones» (ITU-T-Recs). Éstos son los estándares que soportan las operaciones e interconexiones de las redes de telecom. Su validez no es vinculante hasta ser adoptados en las respectivas legislaciones de los países miembros de la organización. Venezuela, hasta la fecha actual, ha incorporado en la trama normativa nacional (la Lotel y sus reglamentos, así como las providencias administrativas del órgano regulador de las telecomunicaciones, Conatel) todas las orientaciones de la UIT.

Esto es particularmente necesario en áreas como: operaciones generales de las redes de transporte, medios y sistemas de transmisión, redes digitales, redes de servicios integrados, esquemas tarifarios, protección contra las interferencias, transmisión de datos sobre redes telefónicas, seguridad de transmisiones y protocolos de Internet, entre otros.

Pues bien, ninguna de estas piezas de la normativa relacionada con la estandarización está referida a la regulación de los contenidos a traves de las redes telemáticas de información y comunicación. Ello quiere decir que la UIT no induce, recomienda o dispone normas para determinar la filtración de mensajes por ninguna razón (uso de lenguaje, tópicos prohibidos, protección de menores, etc.).

De hecho, cuando en la 18ª. Conferencia de Plenipotenciarios 2010 (PP-10) de la Unión surgió el tema de la ciber-seguridad como parte de los acuerdos finales, se desató una polémica entre quienes son partidarios de restringir ese tópico a la esfera de lo estrictamente técnico, y quienes proponían incluir consideraciones relativas a los contenidos por razones de soberanía y seguridad nacional. No hubo acuerdo al respecto, pues la mayoría de los representantes se inclinaron por las tendencias de lo que ha sido un asunto clave de la UIT por encomienda de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI): las líneas de acción C2, «infraestructura de las TIC», y C5, «creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC»; es decir, apuntando al desarrollo de soluciones técnicas y de política, pero no de contenidos. Y esto a despecho de la gran preocupación por la relación evidente entre ciber-seguridad y delincuencia telemática, que lleva a considerar los temas de libertad de expresión y derecho a la privacidad. Pero, como lo reflejan los documentos de la PP-10 –celebrada en Guadalajara, México, en octubre pasado–, habrá que seguir explorando la posibilidad de un consenso internacional para entrar en esa clase de discusión. Por ahora, la mesa no está servida para un debate a escala internacional sobre prohibición de contenidos. Privarán por algún tiempo más los modelos de prevención tecnológica de ataques o violaciones a la seguridad de datos y redes y la protección de los usuarios.

De este modo, no hay referencia posible a estándares internacionales para justificar, en las legislaciones internas de cada país, el desarrollo de dispositivos jurídicos que persigan el establecimiento de controles sobre los contenidos difundidos a través de Internet.

En el caso de Venezuela, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos (2001) fija responsabilidades penales a quienes violen la privacidad, obtengan y divulguen fraudulentamente datos personales o cometan ultrajes contra niños y adolescentes. Esta normativa está vigente y cumple en gran medida el propósito de la pretendida reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en cuyo objeto de regulación serían incluidos los mensajes transmitidos vía Internet.

Sólo Estados Unidos, España, Argentina y México contemplan en sus legislaciones normas semejantes a las de nuestra Ley de Delitos Informáticos; es decir, disposiciones que prohiben determinados mensajes y ciertos usos de datos en las redes telemáticas.

Gruesamente, la regulación internacional relativa a Internet se concentra en aspectos como el acceso a las TIC, los protocolos de transmisión de datos, la compresión de señales (voz y video), la conformación de redes y la conexión de los usuarios. Esto significa que el gran asunto regulado es la vía, el canal, o lo que es igual, el transporte, más específicamente, el carrier. No los contenidos. Este paradigma es uno de los soportes primordiales de la doctrina universal sobre regulación de las telecomunicaciones.

Venezuela: Internet y administración del espectro

Un año después de ser promulgada la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el entonces Ministerio de Infraestructura, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dictó la Resolución N° 41 contentiva de los Atributos de la Habilitaciones Administrativas.

Este documento regulatorio es clave para revelar que el Estado venezolano, en su configuración actual, es originalmente tributario de las tendencias internacionales en materia de regulación de las telecom y, en consecuencia, de Internet.

Al definir los tipos de atributos (entiéndase esto como usos específicos) de las telecomunicaciones, la RAHA –hoy plenamente vigente– expresa en el artículo 3, numeral 5:

Servicios de Internet: servicio de telecomunicaciones que permite acceder a Internet, excluyendo la conexión entre el proveedor de acceso a Internet habilitado mediante el presente atributo y el usuario”.

Está muy claro: el atributo de la habilitación administrativa para el caso de redes de Internet se restringe exclusivamente al hecho de la explotación del servicio por parte del proveedor; y en consecuencia deja el acceso del usuario totalmente fuera del ámbito de la acción reguladora del Estado.

¿Y quién es el usuario? En Internet es usuario tanto el que publica los contenidos o dispone mecanismos de interacción, como el que se aprovecha de aquellos o participa mediante los últimos.

El usuario2 de Internet puede ser quien publique un periódico digital, un portal de videos o un blog personal; y puede ser también quien haga uso de las redes sociales digitales (Facebook, MySpace, Twitter y demás). El usuario no es únicamente el que recibe los contenidos, como ocurre en los casos de la radiodifusión sonora y la televisión. El usuario de Internet es emisor-receptor, como ningún otro medio ha podido permitir que lo sea hasta ahora.

Por otra parte, el mismo artículo de la RAHA, ahora en su numeral 8, dice lo siguiente:

Transporte: servicio de telecomunicaciones que permite la transmisión de información de cualquier naturaleza, sin que ésta se modifique, entre puntos de acceso previamente acordados. Permite la transmisión de información de cualquier naturaleza con un ancho de banda y/o durante un tiempo determinados, a través de circuitos exclusivos o no, conservando en todo momento la operación directa de la red de telecomunicaciones”3.

Este transporte en el caso de Internet es el que resulta susceptible de regulación y control, dado que se trata del único componente en el que puede verificarse el uso y explotación de una porción del espectro, bien de dominio público (CRBV, artículo 156.28; Lotel, artículo 7) bajo tutela y administración por parte del Estado venezolano.

Aquí estamos ante la ya clásica separación doctrinal de los tópicos inherentes a las tendencias regulatorias universales sobre Internet: de un lado está el canal mediante el cual se provee la conexión, que es objeto de control estatal; y por el otro, los contenidos o ámbito de ejercicio del derecho humano a la comunicación, que no puede estar bajo regulación directa.

La Lotel establece los términos generales del régimen de habilitación administrativa para todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones que requieran el uso y explotación del espectro electromagético, incluyendo a los proveedores de servicios de conexión a Internet. Ni esta ley ni su reglamento sobre concesiones y habilitaciones dictan absolutamente nada sobre pautas regulatorias de los usuarios de Internet o sobre los contenidos que cursen a través de las redes telemáticas.

¿Cuál es, entonces, el piso jurídico de la pretensión oficial de regular los mensajes difundidos a través de Internet? ¿Desconoce el gobierno nacional la normativa precedente que él mismo contribuyó a crear? ¿Será Venezuela el único país del mundo en el que se confunda la regulación de la radiodifusión con la de las redes telemáticas? ¿Nos convertiremos en la única nación democrática que apruebe una ley para censurar los contenidos en Internet?

Por Jesús Urbina Serjant

Maracaibo • Diciembre, 2010

(Este texto ha sido publicado en paralelo en todosenred.wordpress.com)

……………………………………………………..

1 El RTI no contempla tipos de tecnologías, medios de conexión y, obviamente por la fecha de su adopción, tampoco se refiere a Internet. Uno de los temas de discusión latentes en la reciente Conferencia PP-10 fue la necesidad de actualización del reglamento.

2 Aquí puede entenderse, indiferentemente, como persona individual o colectiva; y en este último caso, como una entidad privada, institucional, pública o comunitaria.

3 Atención a los pasajes resaltados: dan lugar a consideraciones de aún mayor amplitud sobre la impertinencia de acometer una regulación directa de los contenidos en Internet.

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